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Casanello impuso el secreto de sumario en una causa que involucra a la constructora brasileña

24 de mayo de 2017 16:52
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El juez federal Sebastián Casanello dispuso el secreto de sumario en la causa que investiga el presunto pago de sobreprecios, por parte la empresa brasileña Odebrecht, para la construcción de una planta potabilizadora de Aysa en el Paraná de las Palmas.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso el secreto de sumario en la causa que investiga el presunto pago de sobreprecios y sobornos en la construcción de una planta potabilizadora para la empresa Aysa en el Paraná de las Palmas, una de las pesquisas en las que está involucrada la empresa brasileña Odebrecht.

Paralelamente, en otra de las causas, que investiga el soterramiento del tren Sarmiento adjudicado a una unión transitoria de empresas, entre ellas Odebrecht y Calcaterra, una pericia de la Policía Federal entregada al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi confirmó que 260 archivos de la computadora de un ex directivo de la constructora, Mauricio Couri Ribeiro, con palabras clave que aludían a esa operación, fueron borrados.

Según informaron a Télam fuentes judiciales, Casanello implantó el secreto de sumario en la causa por Aysa y ordenó medidas de prueba vinculadas a pedidos hechos por el fiscal Federico Delgado relativos a investigar llamados de directivos de Oderecht realizados entre 2006 y 2015, además de pedidos de informes a organismos sobre los contratos firmados para adjudicar las obras a la firma brasileña y posibles "agregados", es decir, "adendas" hechas a los mismos.

En ese marco, no se descarta que en las próximas horas sean ordenados operativos vinculados a la causa.

La semana pasada, Casanello había pedido a la Jefatura de Gabinete que le informe sobre reuniones mantenidas por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno con directivos de la empresa brasilera en los años investigados.

Los pagos de sobornos en Argentina por parte de la empresa implicada en la causa conocida en Brasil con el nombre de Lava Jato son investigados en tres causas que implican de manera directa a la constructora, en las cuales hay exhortos cursados a distintos países y pedidos de colaboración a la Justicia del vecino país.

En una de ellas, enfocada en el soterramiento del Sarmiento, la división de Apoyo Tecnológico Judicial de la PFA informó al juez Martínez De Giorgi y al fiscal federal Franco Picardi sobre lo ocurrido con la computadora del ex directivo de Odebrecht, quien había intercambiado correos electrónicos con Manuel Vázquez, un ex asesor del detenido ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.

Estos correos y otros archivos fueron borrados, de acuerdo al peritaje que se basó en búsqueda de palabras clave como "soterramiento" y "Sarmiento", además de empresas off shore que habrían sido usadas para los pagos ilegales.

La computadora fue secuestrada en la sede de la empresa en Argentina y se localizó en manos de otra empleada que la utilizaba tras la salida del investigado de la firma.

El fiscal Delgado ofreció ayer a los abogados de Odebrecht que se presentaron en las causas realizar en el término de cinco días una oferta de colaboración que pueda ser contemplada por la ley del arrepentido argentina.

Los letrados acercaron a los juzgados el convenio firmado con Brasil para la delación premiada, que fue mandado a traducir del portugués al castellano.

Sin embargo, por lo que ya se sabe del mismo, sus términos no están previstos en las leyes nacionales por lo cual sería inaplicable, explicaron fuentes judiciales.

Para la ley argentina, son los fiscales quienes pueden pactar algún tipo de arreglo a cambio de información valedera con acusados en causas penales, en acuerdos que luego deben ser homologados por cada juez que lleve una investigación.

En tanto, desde el Gobierno nacional, también se están buscando las vías para que la constructora brasileña aporte información a la Oficina Anticorrupción y que ese cuerpo, a su vez, la lleve a la Justicia ante lo que el ministro de Justicia, Germán Garavano, definió como una "clara inacción" por parte de la Procuración General de la Nación.

Esas tratativas comenzaron a desarrollarse en el marco de un encuentro que se realizó ayer entre autoridades nacionales y abogados de la compañía, y tenían continuidad hoy en una nueva reunión.

Fuente: telam.com.ar

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