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Desalojo de mapuches sube la temperatura en Vaca Muerta

20 de septiembre de 2017 04:19
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Tensa jornada tras el desocupación por la fuerza de una comunidad que estaba instalada en Tratayen. Para la Justicia está comprobado que los lotes tienen dueños.

En lo alto de un morro de Tratayen, flameó ayer durante todo el día la bandera mapuche custodiada por ocho integrantes de la comunidad Fvta Xayen. El trámite del desalojo en un área caliente de disputa de tierras en Vaca Muerta había culminado temprano, pero el clima hostil perduró durante la jornada y se podía percibir en el cruce de miradas con la policía.

El desalojo de la familia Mardones (Fvta Xayen) de un lugar estratégico para la producción en general y para la industria petrolera en particular, comenzó a las siete. Un centenar de policías con escudos, cascos y armas, tomaron posición en una picada petrolera y desde allí avanzaron para cumplir con la orden judicial y detuvieron a tres personas y secuestraron armas y bombas incendiarias. Anoche se les formularon cargos previa discusión sobre la legalidad del procedimiento y el juez Lucas Yancarelli resolvió liberarlos pero sujetos a la continuidad de la investigación para la cual fijó un plazo de cuatro meses.

Desde la Confederación Mapuche denunciaron que los elementos “fueron plantados”.

La semana pasada, el fiscal general José Gerez dijo a “Río Negro” que iba a ser “implacable” cuando el diálogo se agota frente a un delito. Y ayer dio un golpe fuerte con el conflicto por las tierras de Tratayen que enfrenta a los propietarios de cuatro lotes con una comunidad mapuche que no tiene personería jurídica pero que tramita su reconocimiento y también derechos ancestrales sobre el lugar.

Tratayen, un paraje ubicado a unos 80 kilómetros de la capital sobre la ruta 7, es una zona de producción agrícola donde predomina el monte, los animales de campo, los feedlot y los frutales. Pero también se ubica en un punto neurálgico donde se desprenden picadas petroleras campo adentro y aloja bombas que captan agua del río Neuquén para la fractura hidráulica en los pozos de Vaca Muerta. Por el subsuelo, además, pasa una telaraña de gasoductos, troncales y otros zonales.

El conflicto fue subiendo de a peldaños. El primero fue cuando la comunidad mapuche ocupó numerosos lotes ubicados sobre la ruta 7 entre los kilómetros 75 y 83 en la madrugada del 18 de mayo. La fiscalía dictaminó que las tierras afectadas son propiedad de Rodolfo Formaro, los hermanos Roberto, Silvio y Luciano Ferracioli (el segundo es un exministro de Economía de la provincia), Liliana Paredes, Félix Galván y Pablo Varones, quien le alquila hectáreas a Galván. El segundo fue el 25 octubre, cuando el fiscal Pablo Vignaroli le formuló cargos a 21 miembros de la comunidad, por el delito de usurpación.

Ayer uno de los integrantes de la asociación Formaro-Ferraciolli, que pidió reserva de su identidad, aseguró: “nosotros compramos las tierras hace 17 años en un remate fiscal”. Dijo que “el problema es que por acá pasan siete gasoductos que son vitales para el país y, además inyectan desde sus yacimientos las empresas Total Austral y Pampa Energía”.

Los integrantes de la comunidad denunciaron que “el conflicto es porque los terratenientes recibieron estas tierras beneficiados por el gobierno y ahora hay una buena manera de sacarle rédito y vivir de esto, por las regalías”, aseguró Verónica Mardones, una de las integrantes del loft. La mujer dijo que “toda la vida vivimos acá” y lanzó un desafío: “todas las veces que nos desalojen vamos a volver porque es nuestro hogar y responsabilizamos al gobierno por esta situación. Nacimos, vivimos y nos criamos acá, no somos usurpadores”.

El procedimiento para el desalojo de ayer no presentó inconvenientes, ni enfrentamientos; se realizó con un despliegue no convencional de la policía, con la presencia de 100 efectivos. Los uniformados viajaron desde Neuquén capital en colectivos, también se sumaron camionetas con personal de la Uespo, la policía Metropolitana, varias dotaciones de Bomberos y contó con la colaboración de la comisaría 10 de Añelo.

“Vení flaco”, le dijo el fiscal general, José Gerez, a Maximiliano Breide Obeid, quien estaba detrás de las cámaras de televisión, indicándole que se sentara junto a él y a Pablo Vignaroli, ubicado a su derecha. La presencia de ambos funcionarios en la conferencia de prensa brindada ayer en la Ciudad Judicial no fue casual, sino un anticipo de lo sucederá hoy. La fiscalía le formuló cargos a las tres personas detenidas durante el desalojo en Tratayen por tenencia de armas.

“Se buscó el momento oportuno para coordinar con las fuerzas policiales y el objetivo fue recuperar los campos en manos de ocupantes ilegítimos”, afirmó Gerez, que en ningún momento cedió el centro de la escena.

El fiscal general aseguró que el procedimiento fue “pacífico”. “Hemos buscado el momento oportuno para actuar”, remarcó.

Enumeró que en el operativo se encontraron “armas de fuego, vainas pertenecientes a los calibre de las armas de fuego que hemos secuestrado, secuestramos vainas servidas. Llama la atención la de un calibre pistola 44, que es un calibre de arma de guerra, y uno de 38, de poca circulación”.

Agregó: “lo que llama la atención del ministerio público fiscal fue el secuestro de 28 bombas Molotv y alrededor de 20 botellas más para preparar este tipo de bombas, que son bombas de carácter casero, que es de muy fácil elaboración, y también se secuestró dos tanques de combustible de 200 litros y una camioneta”.

Gerez mencionó que hallaron cocaína y marihuana, sin especificar en qué circunstancias. Sólo aclaró que estaba interviniendo Toxicomanía de la policía para precisar la cantidad, y luego derivar el caso a la justicia Federal.

Anoche se realizó la formulación de cargos por parte de los fiscales Maximiliano Breide Obeid y Verónica Zabala.

Los defensores Fernando Diez, de Diego Rosales, y Julián Berger de Orlando González y Juan Golordo, inicialmente dijeron que era inconstitucional porque para hacer el procedimiento en una morada debían tener una orden de un juez. Los fiscales dijeron que los tres detenidos no vivían ahí y que se trataba de un refugio hecho con los bines del propietario del lote. Después de un cuarto intermedio de 50 minutos, el juez Lucas Yancarelli rechazó el pedido de los defensores y habilitó la audiencia.

Breide Obeid dijo que la posesión de armas y de droga debía ser investigado por la justicia federal y que se iba a abocar a la causa de usurpación. No pidió prisión efectiva y reconoció que Rosales ya estaba imputado en otra causa y que siempre se había presentado en la justicia.

Finalmente el juez resolvió dar 4 meses para la investigación, dispuso la libertad de los tres acusados. Breide Obeid dijo que en dos semanas la fiscalía iba a tener lista la acusación.

El defensor Diez señaló que haría los planteos para demostrar que no se cometieron los delitos que se le imputan y consecuentemente no se llegaría a instancia de juicio, según dijo anoche en Tribunales.

“No ha sido nunca el método nuestro pretender hacer valer un derecho con armas de guerra y menos utilizar estupefacientes que lo único que hacen es atentar contra la vida. Estamos luchando por recuperar la tierra, para poder desarrollar nuestro buen vivir, nuestra vida y no vamos a estar autoflagelándonos con drogas y utilizando armas que pueden generar situaciones de muerte. Es una cosa que nosotros siempre hemos condenado y lo vamos a seguir condenando”, afirmó ayer Jorge Nahuel, werken (vocero) de la Confederación Mapuche de Neuquén, Zonal Xawvnko.

El referente negó de forma rotunda que las tres personas detenidas tuviesen en su poder los elementos secuestrados, y no descartó que hayan sido plantados. “Esto lo venimos escuchando de otros escenarios, de otros medios, que hablan que detrás de la demanda mapuche hay toda una serie de actos delictivos y alimentan todo este clima de maputerrorismo para poder justificar cualquier barbaridad desde la fuerza pública”, remarcó.

Añadió: “la única arma que nos consta que había ahí era un rifle de aire comprimido porque es algo que utiliza la gente en la zona rural para cuidarse, no se puede calificar eso como arma de guerra. Ahí es donde ya nos empezamos a preocupar y nos parece muy serio porque puede ser el preámbulo de un proceso de represión.”

Respecto del accionar de la fiscalía opinó: “sigue sorprendiéndonos cómo la justicia actúa de manera urgente cuando es un empresario como Ferracioli el que denuncia y todas las causas que nosotros hemos denunciado de contaminación y atropello están todas dormidas”.

Fuente: rionegro.com.ar

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