Reciba las últimas noticias sobre temas interesantes con NewsHub. Instalar ahora.

Desprolija iniciativa para controlar las comunicaciones

2 de noviembre de 2014 03:01
11 0
Desprolija iniciativa para controlar las comunicaciones

Con el proyecto de Argentina Digital, el gobierno avanza en la regulación de todos los sistemas, pero genera contradicciones con la Ley de Medios y peligrosas permisividades con las compañías telefónicas, las mayores destinatarias de las quejas de los usuarios.

En medio de la controversia por la pelea que el Gobierno lleva adelante contra el grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Medios, esta semana el mismo Gobierno anunció la elevación de un proyecto que tiende a regular la televisión por cable y los servicios de internet bajo la denominación de Argentina Digital.

Bajo el argumento “populista” de la “convergencia”, o sea, que se puedan brindar los mismos servicios por una misma red de cables, el gobierno de Cristina Kirchner avanzó estableciendo una modificación fundamental al autorizar a las telefónicas a brindar servicios de televisión paga, algo que estaba expresamente prohibido en la ley de medios, al igual que lo establecía para quienes fueran concesionarios de servicios públicos.

Pero, esencialmente, pasa a regular la totalidad de los sistemas de telecomunicaciones.

Lo real es que la tecnología actual permitiría, a través de las virtudes de la fibra óptica, brindar el servicio calificado como “triple play”, es decir que un mismo operador pueda brindar servicios de telefonía fija, televisión por cable y servicios de internet. “Es para que no te agujereen tanto la pared” justificaba Martín Sabbatella, titular del Afsca, la iniciativa oficial.

La misma ley establece que quienes tienen actualmente cableado deberán facilitar el acceso a sus redes a otros operadores. La idea es que operadores pequeños puedan ofrecer servicios utilizando las redes existentes instaladas por otras empresas.

Esta parte ya es polémica porque lo que hará es desestimular la ampliación de instalaciones. Nadie quiere invertir para ayudar a sus competidores.

¿Piedra libre a las telefónicas? La gran duda es si, bajo la excusa de generar mayor competencia no se abre la puerta a que las empresas telefónicas, que de hecho no tienen competencia, puedan adquirir las formas hegemónicas que se dice quieren combatir.

Es que para avanzar en estos negocios hay que disponer de mucho capital y por más que puedan usar instalaciones de las telefónicas, muy pocos operadores pequeños o cooperativas podrán avanzar más allá de sus áreas y muchos menos conseguir la escala necesaria para conseguir los recursos necesarios para ingresar al negocio.

En principio, el proyecto de ley ahora le permite a Telefónica no desprenderse de Telefé, algo que debía hacer por la Ley de Medios, y junto a Telecom les permite entrar a la TV paga, algo que venía siendo resistido por los cableoperadores, grandes y chicos. Además, la ley resulta muy blanda con las telefónicas, ya que para entrar al negocio solo les exige “tener los balances en orden”.

Desde las empresas afirman que la propuesta no es atractiva. Es que la declaración del sistema como “servicio público”, implica la obligatoriedad de compartir las redes propias instaladas por las empresas pero, además, supone un giro muy importante en materia de tarifas.

A partir de esta declaración, las tarifas pasarán a ser reguladas en el Estado, quien determinará los servicios mínimos que deberán brindar. En el caso de internet les impondrá una velocidad mínima de base y les fijará tarifas.

Para el caso de las telefónicas, se agrega la eliminación de la tarifa de larga distancia nacional. Lo cierto es que hasta ahora, en telefonía celular e internet el Gobierno no intervenía en la fijación de tarifas ni estaba regulado el nivel de prestaciones que cada operador daba, algo que, a partir de la ley, podría hacer.

Para el caso de Telefónica se agrega otro interrogante acerca de la Ley de Medios. Es que, aparte de habilitarla para tener servicios de televisión abierta (que la ley de medios prohibía) se abre la posibilidad de dar servicios de TV paga, que también está limitado en la ley de medios y por el cual se debió partir Cablevisión.

¿Regirá para Telefónica la misma restricción? Es que mientras a la operadora del grupo Clarín se le ponen limitaciones a las licencias, las telefónicas tendrán una sola licencia nacional y, aparentemente, sin límites.

Dudas y desprolijidades Los analistas hacen ver que no hay ninguna regulación que afecte a Direct TV, la empresa que brinda servicios de TV paga satelital, compite con los operadores de cable y no tiene limitación geográfica.

Hay reclamos acerca de las libertades con las que se mueve esta operadora, a quien -dicen- el Gobierno le hace la vista gorda al no exigirle cumplir con normativas a las que los demás están obligados. No tiene un canal local y no paga ciertos impuestos y goza de un monopolio que no está obligado a compartir.

Otra duda se cierne sobre la inminente licitación de las bandas de 4G de telefonía celular. En esta ocasión no pueden presentarse otros operadores que podrían hacerlo si la ley estuviera vigente, pero hay aristas que ponen en duda el negocio para el Gobierno.

En principio, las empresas deben someterse a un “remate” de licencias, de la cual el Gobierno esperaba recaudar unos 1.800 millones de dólares.

Pero, las empresas han dicho que no puede subastar en dólares porque ellos no pueden cobrar en dólares y que el Banco Central no les vendería. Además, tiene sus costos en pesos y cobran en pesos.

El Gobierno dijo que no aceptaría ofertas en otra moneda que no fuera en dólares, con la esperanza que las empresas ingresen divisas provistas por sus casas matrices, que les serán cambiadas al tipo de cambio oficial.

Pero, al establecerse en el proyecto que la telefonía celular también es servicio público, esta licitación perdería atractivo ya que el Estado les fijaría las tarifas y no podrían tener la libertad que tienen ahora.

Además, para brindar el servicio deberían importar equipos e instalaciones por unos 2.400 millones de dólares, que pretenden se los provea el Banco Central, algo muy dudoso por el actual estado de las reservas.

No se sabe muy bien cuál es el objetivo real de este proyecto en este momento y las contradicciones con la Ley de Medios. Del mismo, los afanes regulatorios, más allá de las definiciones teóricas, pueden terminar desencadenando grupos más grandes, más concentrados y contrarios al objetivo que se busca, si la entre línea del texto no dice otra cosa.

Fuente: losandes.com.ar

Compartir en las redes sociales:

Comentarios - 0