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Filtración de escuchas, otra mancha para la Justicia

12 de febrero de 2017 05:10
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Los jueces deben garantizar la custodia de lo obtenido en las interceptaciones telefónicas que ellos ordenan, pues su difusión viola la privacidad

Pasaron los años, hubo un cambio de gobierno y tres cambios de jurisdicción, pero la filtración a la prensa de escuchas telefónicas con clara intencionalidad política continúa como si nada hubiera ocurrido y constituye otra enorme mancha para la Justicia que no puede ponerle coto a esta práctica aberrante ni identificar y sancionar a los responsables. Las filtraciones constituyen, además, una amenaza constante a la ciudadanía, que ve peligrar su derecho a la privacidad y la presunción de inocencia que asiste a quienes están siendo investigados.

Hasta comienzos de 2015, las escuchas telefónicas que ordenaban los jueces en el marco de sus investigaciones las llevaba a cabo la tenebrosa Dirección de Observaciones Judiciales de la ex SIDE, más conocida como "Ojota". En esa oficina no sólo se "pinchaban" los teléfonos que ordenaba el juez sino otros que el poder político de turno necesitaba escuchar. Por esa vía el kirchnerismo llegó a espiar a sus ministros y al entonces arzobispo de Buenos Aires, hoy papa Francisco. Se hablaba, incluso, del "negocio" de las pinchaduras a pedido. Una investigación judicial probó que, a instancias de altos funcionarios de la ex SIDE, se armó una causa judicial con una denuncia falsa con el único objetivo de obtener un paraguas legal para efectuar escuchas ilegales.

A comienzos de 2015, cuando aún gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, se dispuso el pase de las escuchas a la Procuración General de la Nación, pero a fines de ese año un decreto de necesidad y urgencia del presidente Mauricio Macri las entregó a la Corte Suprema de Justicia. En la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado se creó la Oficina de Captación de Comunicaciones.

Las escuchas a Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, su ex secretario general de la Presidencia y luego titular de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones, sucesora de la ex SIDE) datan de entre junio y septiembre del año pasado y las había ordenado el juez federal Ariel Lijo en una causa donde se investiga si Parrilli encubrió, a fines de 2015 y como titular de la AFI, a Ibar Pérez Corradi, entonces prófugo en la causa por el triple crimen de General Rodríguez.

Cuando el periodismo dio a conocer las grabaciones, se originó un nuevo escándalo. Además de insultar a Parrilli, la ex presidenta habló de causas judiciales armadas y de presionar a jueces. Pero lo verdaderamente escandaloso fue el hecho mismo de la filtración de esas piezas judiciales que jamás debieron haber salido del sumario.

Otro tanto ocurrió días más tarde con unas escuchas realizadas en otra investigación a Daniel Angelici, empresario del juego, presidente de Boca y hombre de confianza y operador judicial de Macri. Se trata de sus diálogos con Luis Segura, ex titular de la AFA, y Fernando Mitjans, a cargo del Tribunal de Disciplina, ante quienes procuró, en especial con el segundo, ventajas para Boca.

Se ha cometido un grave delito, no imputable a los medios periodísticos que difundieron las escuchas, sino a quienes las filtraron. Sobre este último punto hay pocos sitios de los cuales sospechar: la oficina de escuchas de la Corte, el juzgado de Lijo, la fiscalía de Guillermo Marijuan y la AFI, que intervino por orden de Lijo.

La Corte pidió explicaciones a su Oficina de Captación de Comunicaciones y a Lijo, quien detalló lo actuado. Antes, el magistrado procesó a Parrilli por considerar que hizo caso omiso de informaciones sobre el paradero de Pérez Corradi. Más tarde, el fiscal Marijuan solicitó al juez la detención de Parrilli. De esa manera, la Justicia, responsable de las graves filtraciones, pareció sobreactuar, pues las pruebas en contra de Parrilli no serían muy contundentes. El ex funcionario sostiene que lo procesaron para justificar las escuchas.

La larguísima lista de hechos de corrupción del kirchnerismo se encuentra en manos de los jueces y fiscales, algunos de los cuales otorgaron impunidad a ese régimen mientras gobernaba. Uno de los peores errores en los que puede incurrir la Justicia cuando su imagen luce muy deteriorada es la parcialidad en perjuicio de los ex funcionarios kirchneristas cuando hay tantas pruebas que comprometen a muchos de ellos, comenzando por la ex presidenta o el ex vicepresidente Amado Boudou y en causas en las que se avanza poco.

Dentro de esos graves errores, que son delitos, se encuentra el de las filtraciones de las escuchas. Tribunales permeables a intereses ajenos al ejercicio de la justicia, como las internas entre espías, son tribunales sospechosos de repetir el sucio juego que durante tantos años jugó la ex SIDE, vulnerando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia de la que gozan quienes se encuentran sometidos a una investigación que aún no arribó a la sentencia.

La Justicia es responsable de la guarda de los elementos de prueba y es preciso que identifique y sancione a los responsables de tan serio delito. El enorme poder de ordenar que se escuche lo que hablan los ciudadanos en su intimidad conlleva la responsabilidad de salvaguardar el contenido de lo escuchado.

Fuente: lanacion.com.ar

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