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El Fondo de Incentivo Docente también perderá con la inflación

25 de septiembre de 2018 01:31
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El Gobierno tiene entre sus objetivos sacarse de encima al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Considera que el gasto en salarios de maestros y profesores a lo largo del país corresponde que lo abonen las provincias y por ello lo quiere excluir de sus propias erogaciones. Ya tuvo un primer intento en negociaciones directas con las provincias, cuando comenzó a discutirse el Presupuesto 2019. En ese momento recibió la negativa de los gobernadores a hacerse cargo.

De hecho, hace unas semanas en entonces ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, ahora secretario, tuvo que salir públicamente a desmentir que el gobierno nacional fuera a cancelar el programa. Eso es correcto, no lo quieren sacar, pero piensan diluirlo gradualmente con la inflación.

El Presupuesto del año que viene destinará, de ser aprobado sin cambios por el Congreso, $ 26.419.000 millones. Eso expresa un incremento de apenas el 3,4% respecto de lo previsto para el 2018. Si se toma en cuenta que el Gobierno proyecta una inflación del 34,8% a diciembre del 2019, la pérdida entre un año y otro será de poco más de 30 puntos. Cada maestro recibe como complemento de sus remuneraciones unos $ 1.210 del Estado Nacional. Tal cual está redactado el proyecto de ley, el año entrante seguirá cobrando lo mismo.

El Gobierno nacional aspira, entonces, a que esa parte del poder adquisitivo que irán perdiendo los docentes correspondientes al FONID lo vayan compensando los gobernadores en cada jurisdicción con sus propios recursos. El argumento que tienen es lógico: las provincias actualmente están en mejores condiciones financieras que la Nación, luego de la devolución de los 15 puntos de coparticipación que les retenían por efecto de las transferencias de las cajas jubilatorias provinciales.

La situación en las provincias es extraordinaria. Históricamente han tenido necesidad de asistencia desde el gobierno federal. El FONID, como el denominado "fondo sojero" forma parte de esa dinámica. En este caso, tendiente a que no haya grandes diferencias salariales entre docentes en diferentes lugares en el territorio argentino. Fue creado en 1998 y luego modificado en 2005 por la Ley 26.075. En la primera versión, se financiaba con un impuesto a los autos, motos, aeronaves y embarcaciones. Luego, el gobierno de Néstor Kirchner, pasó a solventarlo de las rentas generales, al sancionar la ley que preveía llegar a un gasto consolidado en Educación equivalente a 6 puntos del PBI.

Fuente: ambito.com

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