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Frenan el tarifazo energético en la Provincia

1 de junio de 2016 09:21
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Ayer, el Juez en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Federico Arias, a través de una medida cautelar, ordenó frenar el tarifazo en la luz en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, donde prestan servicio las distribuidoras Edelap, Edes S.A, Edea S.A, y Eden S.A., dando marcha atrás con la Resolución Nº 22/16 dictada por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia que conduce Edgardo Cenzón.

En su fallo, el juez Arias admite que se vulneró el artículo 42 de la Constitución nacional, el artículo 38 de la Constitución bonaerense cuando se habla de los derechos de los usuarios y los consumidores, y también los artículos 5 y 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que fue aprobado en el año 2006, y que establece como medidas preventivas contra la corrupción, precisamente estas instancias de participación social.

Mientras se conocía el fallo de la Justicia, en toda la región se sucedieron una serie de protestas contra el impacto de las medidas ejecutadas por el gobierno en los sectores más vulnerables de la sociedad. Con ollas populares, la organización Barrios de Pie protestó en las calles para visibilizar la pobreza en la Provincia de Buenos Aires y solicitar alimentos para los más de 400 comedores comunitarios que poseen en el distrito bonaerense.

La autopista Buenos Aires-La Plata fue uno de los lugares elegidos por los manifestantes, quienes expresaron su rechazo a las fuertes subas en los servicios públicos, que ha llevado a que la situación sea “incontenible” para las personas de bajos recursos, sumergiendo según datos de la Universidad Católica Argentina (UCA), a 1,4 millones de personas en la pobreza tras el cambio de gobierno el pasado 10 de diciembre.

En diálogo con Hoy, Arias señaló que “la audiencia pública es un requisito casi insoslayable desde el punto de vista legal, porque es la única forma de que el derecho a la información que tiene todo usuario de cualquier servicio se pueda llevar a la práctica. Cómo enterarse sino de las vicisitudes que existen en el servicio y por los cuales se amerita el aumento de las tarifas, y cómo poder cuestionarlos si no es a través de las audiencias públicas”.

Para el juez, “hay que tener presente que en materia de servicios públicos hay tres actores fundamentales, la empresa que presta el servicio, el Estado que regula el servicio y aprueba las tarifas, en este caso el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, y los usuarios, pero los usuarios no participan de este procedimiento de aumento en las tarifas, se entienden las empresas con el Estado, y los usuarios quedan al margen”.

Al no haber convocado a una audiencia pública para detallar el nuevo incremento en las tarifas, las empresas y el gobierno de María Eugenia Vidal sufren un duro revés en la Justicia. La empresa puede apelar, el Estado bonaerense puede apelar, pero la apelación en sí misma no suspende esta resolución, por lo que el tarifazo se frenó por el momento, esperando la respuesta de la Suprema Corte bonaerense a lo decidido por la Justicia en lo Contencioso Administrativo.

En el fallo del juez Arias, no surge que durante el procedimiento administrativo se haya realizado mecanismo alguno de participación de los usuarios en la determinación del nuevo régimen tarifario.

En su escrito, el magistrado sostiene que es posible concluir que la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios vigentes a partir del 24 de febrero de 2016, sin la debida participación de los usuarios afectados, prima facie, vulnera el derecho a una información adecuada y veraz como instrumento previo a evaluar la razonabilidad de la tarifa, al tiempo que restringe las posibilidades de éxito en un eventual reclamo administrativo o judicial.

La diputada provincial (FPV-PJ) Valeria Amendolara expresó su apoyo a la cautelar dictada por el juez Luis Federico Arias que pone freno al aumento de las tarifas eléctricas en la Provincia.

La legisladora señaló que “está en sintonía con lo que venimos reclamando, no se pueden soslayar las audiencias públicas para aplicar este aumento injustificado que en la Provincia no sólo afecta a los usuarios domiciliarios sino también a los comercios y pymes, muchas de las que están cerrando las puertas”.

“Esperamos que de manera urgente las empresas den marcha atrás con estos cuadros tarifarios desproporcionados y los vecinos puedan ejercer su derecho a participar para arribar a una tarifa justa y razonable. Además, los ajustes tienen que ir acompañados de un plan de obras y un plan de inversiones”, concluyó la legisladora.

Fuente: diariohoy.net

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