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La Iglesia Católica expresó su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad

6 de enero de 2017 15:35
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“No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley en casi ‘enemigos sociales’”, dice el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina

En este mensaje que firma la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), los obispos cuestionan la oportunidad del debate, piden que no se limite al aspecto penal, destacan los compromisos que debe cumplir el Estado en materia de asistencia a la niñez, citan una Carta pastoral de Bergoglio en sus tiempos de Cardenal y recuerdan un Acta de Compromiso del Consejo Federal de la Niñez (de 2015) que rechazaba el cambio del límite de 16 años a partir del cual se considera a los menores imputables.

Con el título "Consideraciones sobre la baja de la edad de punibilidad", el comunicado de la Iglesia Católica busca tomar distancia de la propuesta oficial señalando que "la intención del Poder Ejecutivo de la Nación de impulsar una reforma legislativa tendiente a la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años (…) no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones 'Ni un pibe menos por la droga'", que hizo esa misma comisión el 6 de noviembre del año pasado y que fue asumida por el Gobierno a través de un decreto presidencial (el 1249/16)

A continuación, la Comisión aclara en qué condiciones aceptaría esta discusión y eventual reforma: "Dicho debate [sobre el límite de edad a partir del cual se puede aplicar una pena] no debe rechazarse a los fines de adecuar la legislación penal juvenil, pero necesariamente debe incluir otras perspectivas sociales y jurídicas. No puede centrarse solamente en la persecución estatal -a través del derecho penal- de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal".

El comunicado atribuye cierta intención electoral e inmediatista a lo que ve como una "respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática", limitada a la reducción de "la edad de punibilidad" de los menores y el aumento de penas para ciertos delitos, a la vez que no se garantiza el cumplimiento de lo establecido por "el sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales (alimentación, salud, educación, vivienda, familia, entre otros)".

E invoca al respecto un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del año 2002 sobre la necesidad de que los Estados parte del organismo garanticen el amplio disfrute de esos derechos –económicos, sociales y culturales- por parte de los niños.

El Estado, señala el comunicado, no puede limitarse a la reforma de aspectos de la ley penal "sin advertir que estudios estadísticos dan cuenta que un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres, varones en su mayoría, que el mayor porcentaje ha cometido delitos contra la propiedad, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas, y de baja calificación laboral".

El remedio, en opinión de la CEA, es "la justa distribución de la renta, y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas".

Finalmente, citan una carta que el papa Francisco –cuando era Arzobispo de Buenos Aires- envió a los jóvenes que peregrinaban a Luján en el año 2005, en la cual denunciaba que el 50 por ciento de los pobres en Argentina son niños y que esos niveles de indigencia se expresaban "dramáticamente", en el presente y en el futuro, "con consecuencias ciertas a partir de carencias nutritivas, ambientales, insalubridad, violencia y promiscuidad naturalizadas, que condicionan su crecimiento, problematizan su relación personal y tornan dificultosa su inserción social y comunitaria…".

Fuente: infobae.com

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