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Imputan a Gils Carbó por evitar el juicio político del fiscal Gonella

8 de enero de 2015 05:31
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La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recibió otra vez cuestionamientos penales por proteger a uno de sus fiscales más cercanos, Carlos Gonella, titular de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos).

La acusación forzó a habilitar la feria judicial durante las vacaciones de verano para que el fiscal Guillermo Marijuan la imputara penalmente. Además derivó en que un juez federal realizara un procedimiento en oficinas de la Procuración para secuestrar una resolución por la cual la funcionaria rechazó enjuiciar políticamente al fiscal antilavado.

Oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria fueron a la Procuración con una orden firmada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi para secuestrar el expediente del pedido de juicio político contra Gonella, el cual fue rechazado por una resolución de Gils Carbó, sin mayores trámites.

En este nuevo capítulo del enfrentamiento de algunos jueces federales con el Gobierno y de algunos fiscales federales con Gils Carbó, se repiten personajes enfrentados en otras causas: el juez Claudio Bonadio, que denunció a Gils Carbó y quiere indagar a Gonella; su colega Martínez de Giorgi, que procesó al fiscal antilavado por proteger a Lázaro Báez, y Marijuan, que pidió indagar a la procuradora en otra causa.

El caso que motivó un nuevo procedimiento judicial realizado en la Procuración o sus dependencias -el cuarto en dos meses- es una presentación de Bonadio, el enemigo número uno del Gobierno después de que allanó las oficinas de la empresa que administra los hoteles patagónicos de la presidenta Cristina Kirchner y sus hijos.

Gonella inició el año pasado una investigación por lavado de dinero contra la jueza María Gabriela Lanz, entre otros imputados, porque la magistrada es pareja del empresario Valentín Temes Coto, que fue condenado a 20 años de prisión por narcotráfico. Gonella, que actuó con el fiscal del caso que es Guillermo Gerberoff, informó sobre la investigación a través de su cuenta de Twitter. Lanz denunció entonces a los funcionarios por abuso de autoridad y por violación de secretos relacionados con las actuaciones judiciales. La jueza sospecha que Gonella la persigue porque ella avaló la investigación del fiscal José María Campagnoli contra Lázaro Báez, a quien Gonella evitó acusar.

Bonadio citó a indagatoria a los fiscales. Ambos recusaron al juez porque dijeron que no era imparcial, pero Bonadio fue respaldado por la Cámara Federal.

Gerberoff se presentó y fue indagado, pero Gonella envió un escrito en el que decía que no iba a declarar hasta que no quedara firme su recusación contra Bonadio. Cambió de abogados y, asesorado por el CELS, planteó que se estaba frente a un caso de libertad de expresión.

Bonadio no se inmutó. Como no se presentó a la indagatoria, le prohibió salir del país y lo declaró en rebeldía. Como los fiscales gozan de inmunidad de arresto, no lo pudo mandar a detener por la policía, por lo que pidió a Gils Carbó que le hiciera juicio político, de modo de removerlo como fiscal y, ya sin fueros, poder arrestarlo para indagarlo.

Bonadio envió su escrito a la procuradora, que en el acto rechazó abrir el juicio político a Gonella, a quien la presidenta Cristina Kirchner elogió por sus operativos contra las "cuevas" financieras. Gils Carbó argumentó "gravedad institucional" en la decisión de Bonadio y la consideró "inconstitucional". Por eso denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura.

Pero Bonadio interpretó que Gils Carbó se apartó de los reglamentos al rechazar el pedido de jury, pues entendió que una norma dictada en la época del procurador Esteban Righi la obligaba a convocar a un consejo consultivo de fiscales generales para que analicen el pedido, y ellos debían aconsejarle si corresponde o no abrir el jury. Bonadio dijo que al no hacerlo violó la ley y lo informó a la Cámara Federal.

El escrito de Bonadio se sorteó como una denuncia que recayó en el juzgado de Sergio Torres con intervención del fiscal Carlos Rívolo. Como ambos están de vacaciones, Marijuan, en reemplazo de Torres, impulsó el caso, imputó a Gils Carbó y sugirió que se secuestrara el expediente de Gonella en la Procuración para determinar si se había convocado al consejo consultivo.

En ausencia de Torres, su colega Martínez de Giorgi habilitó la feria judicial en enero, y realizó el procedimiento sugerido por Marijuan, para quien Gils Carbó cometió el delito de prevaricato al no seguir las normas para el juicio político.

Del editor: qué significa. El enfrentamiento entre fiscales y Gils Carbó ya carece de inhibiciones personales o judiciales. Se pasó a una fase frontal que puede enlodar causas vitales.

Fuente: lanacion.com.ar

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