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Institucionalidad y convivencia, otra cara del modelo chileno

24 de diciembre de 2013 10:42
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Institucionalidad y convivencia, otra cara del modelo chileno

La foto del desayuno del lunes posterior a los comicios entre el presidente saliente Sebastián Piñera y la presidenta electa Michelle Bachelet dio la vuelta al mundo. Ambos mandatarios hablaron del presente y del futuro de Chile, de cómo se organizará el traspaso de mando y cómo se enfrentarán los temas inminentes, como el fallo del Tribunal de la La Haya sobre la demanda marítima de Perú.

Pero hubo muchos más rituales republicanos que se cumplieron a rajatabla, sin golpes bajos, sin revanchismos, y que hablan de una institucionalidad modélica en la región. Apenas conocido el resultado de las elecciones del domingo, Piñera llamó por teléfono a su sucesora (que en este caso es también su predecesora) y ella le explicó que será “la presidenta de todos los chilenos y chilenas”.

La derrotada candidata oficialista Evelyn Matthei fue personalmente a felicitar a la vencedora el mismo domingo de elecciones, cuando estaba claro el resultado, pero aún no se había cerrado el escrutinio. Matthei, hija de un general que estuvo en la Junta de gobierno de Augusto Pinochet, y Bachelet, hija de un general torturado hasta la muerte –ella misma encarcelada y obligada al exilio con su madre–, se juntaron en un abrazo y destacaron que las dos trabajarán “por el bien de Chile”.

Cuando Bachelet la mencionó en su discurso de triunfo, media hora más tarde, un coro abucheó e incluso gritó: “Asesinos“. Pero la presidenta electa los detuvo, y siguió con sus palabras “para todos”, reconociendo incluso los logros de Piñera al mencionar que hereda “una economía sana, una democracia estable y una ciudadanía empoderada“.

La contracara de esta ejemplaridad en la calidad institucional son los déficits democráticos, como la falta de representatividad del sistema electoral binomina l, el origen ilegítimo de la Constitución de 1980, la baja sindicalización que deja a los trabajadores muchas veces desprotegidos, el liberalismo exacerbado en amplias áreas de la vida como la salud y la educación y también la desprotección del ciudadano frente a las normas establecidas por empresas privadas. Chile tiene además una alta tasa de encarcelamiento.

Pese a estos importantes desequilibrios, paralelos a una fuerte desigualdad y a la inédita concentración de la riqueza, la historia de Chile demuestra que la clase política casi siempre estuvo a la altura de las circunstancias, con excepción del golpe del 73. Ese tradicional apego a las normas tiene su reflejo en la vida cotidiana, por ejemplo con el respeto a los derechos de los peatones: como en los países desarrollados, los coches se detienen cuando alguien quiere cruzar la calle por un paso cebra, y (casi) siempre esperan para doblar aunque tengan el semáforo en verde.

La corrupción es baja y se da generalmente a nivel de administraciones locales. Aunque comete graves excesos y una brutal represión a manifestaciones como las estudiantiles y de mapuche, la policía uniformada es respetada en lo cotidiano. Ofrecer una “coima” a un carabinero tendría graves consecuencias para el coimeador.

Pese a lo antagónico de los proyectos políticos de cada sector, con una derecha vinculada aun a una dictadura que dejó miles de desaparecidos sin encontrar y responsables sin juzgar, nunca en los meses de campaña se respiró la efervescencia exacerbada de otras latitudes. Anticuados en su formato, sin permitir casi apelaciones, los debates radiales y televisivos parecían un té de señoritas.

La presidenta electa recibió esta semana a las autoridades de todos los poderes del estado, como las dos cámaras del Congreso, la Justicia, también a las fuerzas militares y a los representantes de las principales iglesias, en un esfuerzo por escuchar a todos.

Las consultas se replicaron a otro nivel. El presidente del Senado, Jorge Pizarro (Democracia Cristiana), trató con el titular de la secretaría general de Gobierno, Cristián Larroulet, los proyectos que el Ejecutivo todavía quiere enviar al Congreso en el último mes de sesiones, antes de la feria que aquí es en febrero. Pizarro dejó claro que los legisladores de la actual oposición no van a avanzar en leyes que no les interesan, como la polémica “ley Hinzpeter”, rechazada el martes en el Senado y denunciada por todos los organismos de derechos humanos.

La ley, conocida también como “antiencapuchados”, considera delito con pena de prisión los “desórdenes públicos” como cortes de calles o tomas de colegios. Pizarro advirtió que tampoco se tratarán en esta etapa de transición temas que son prioridad del futuro gobierno, como la educación. Sin embargo, todo se aclaró en el marco institucional.

Fuente: clarin.com

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