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Nicolás Dujovne lleva al Congreso la ley de responsabilidad fiscal para contener el gasto y el empleo público en las provincias

15 de septiembre de 2017 03:09
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Nicolás Dujovne lleva al Congreso la ley de responsabilidad fiscal para contener el gasto y el empleo público en las provincias

El texto fue negociado con 22 distritos. También obliga a no aumentar la presión impositiva y condiciona el envío de fondos extraordinarios de la Nación al cumplimiento del acuerdo.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentará este mediodía en el Senado el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal que la Nación y 22 provincias acordaron implementar y que supone un congelamento en la contratación de personal y otros gastos corrientes.

El proyecto también contó con el trabajo del Ministerio de Interior de Rogelio Frigerio, aunque su participación en la reunión del Congreso de hoy estaba en duda.

Las provincias que no acompañaron el texto son San Luis y La Pampa, que no forman parte del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

El texto requiere que todas las provincias mantengan constante el gasto corriente primario en términos reales (es decir, que no crezca más que la inflación). Y extiende ese precepto al gasto total en el caso de las provincias deficitarias o con servicios de deuda superiores al 15 por ciento de los recursos corrientes.

Además, obliga al gobierno nacional y a las administraciones provinciales a no aumentar el empleo público existente al 31 de diciembre de 2017, más allá del crecimiento poblacional proyectado en cada jurisdicción.

Y fija el compromiso de armonizar sistemas tributarios y no aumentar la presión impositiva, "especialmente en aquellos gravémenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento", destacaron fuentes oficiales.

Los puntos más importantes del borrador que hoy comenzará a debatirse en el Congreso son los que siguen.

"La tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional previsto", señala el artículo 10 propuesto para modificar la ley de Responsabilidad Fiscal vigente.

Dicho de otra forma, los gastos cotidianos (en personal, pago de jubilaciones, ecétera) no pueden crecer más que la inflación, por lo que quedarán congelados en términos reales.

En línea con lo anterior, el artículo 10 Quarter señala que las administraciones nacional y subnacionales "se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el Indec para cada jurisdicción". Es decir, no podrá crecer la cantidad de empleo público por habitante.

Las jurisdicciones con superávit o equilibrio financiero podrán aumentar su personal, siempre que las contrataciones estén asociadas "a nuevas inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios sociales, como educación, salud y seguridad".

En el semestre previo al fin del mandato, ningún gobierno podrá "realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente", dispone el artículo 15 bis propuesto. Esto busca impedir gastos extraordinarios de los gobernantes salientes. Quedan exceptuadas las erogaciones que "trasciendan la gestión de gobierno" o que tengan una "causa originante" preexistente.

El artículo 18 bis señala que los gobiernos Nacional y provinciales -Ciudad de Buenos Aires incluida-, "acordarán la adopción de políticas tributarias, tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento, con la finalidad común de lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales, en la medida que dichas decisiones no impliquen comprometer la sostenibilidad de las finanzas publicas. A tales efectos, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal publicará anualmente la presión legal impositiva por área de actividad.”

El ojo de la administración central está puesto en el impuesto a los Ingresos Brutos, que representa hasta tres cuartos de la recaudación propia de cada provincia y recae sobre la actividad económico. Son recurrentes las quejas de empresarios y profesionales por Ingreso Brutos y la "doble imposición", ya que es lindero con el impuesto a las Ganancias, de carácter nacional.

Los gobiernos "tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios". Esta cláusula busca contener el endeudamiento: los pagos no podrán superar ese porcentaje de los recursos corrientes.

Además, los distritos "se comprometen a no emitir títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país". ¿Qué son esos sustitutos? Las recordadas Lecop, Patacón, Lecor y tantas otras cuasimonedas que surgieron durante la crisis de 2001 y 2002.

Los distritos que incumplan con esta ley estarán sujetos a distintas sanciones. Las más relevantes tienen que ver con el acceso a fondos.

Una de las penalidades es la restricción de transferencias no automáticas, los fondos extraordinarios con los que la Nación socorre a las provincias. Habrá una "limitación de las transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional con destino a las jurisdicciones que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática" dispone el inciso d) del artículo 32.

También habrá restricciones para el acceso a financiamiento, ya que se limitará "el otorgamiento de avales y garantías por parte del Gobierno Nacional". Las provincias necesitan de esos permisos para poder emitir deuda.

Si bien el proyecto cuenta con el respaldo de 22 de las 24 jurisdicciones subnacionales, existen otros frentes abiertos que pueden empantanar el tratamiento del texto en el Congreso.

En concreto, la batalla que la provincia de Buenos Aires juega en la Corte Suprema para recuperar los recursos del Fondo del Conurbano, congelados desde hace décadas. Respaldada por la administración Nacional, la gobernadora María Eugenia Vidal reclama más de 50 000 millones de pesos al año que hoy van a parar al resto de los distritos. Los gobernadores deben enviar sus argumentos en contra a la Corte hasta mediados de noviembre. Pero ya advirtieron que pueden hacer funcionar esa posible restricción de fondeo en tándem con la ley de Responsabilidad fiscal.

Dujovne volverá mañana al Congreso para presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2018. Si bien el Gobierno quiere correr la discusión en particular para después de las elecciones, los tiempos legales para enviar el texto vencen el 15 de septiembre de cada año. El Ejecutivo anticipó que habrá más fondos para infraestructura y planes sociales y un recorte de gastos en ministerios tendientes a reducir el déficit. Además, deberá presentar, más temprano que tarde, la esperada reforma tributaria.

Fuente: tn.com.ar

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