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No a la ley antidespidos

16 de mayo de 2016 07:09
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Si hay algo que no podemos negar es que somos un país cíclico con un nivel de reincidencia único. En Argentina las cuestiones se repiten indefectiblemente cada cierto tiempo: los ciclos políticos, las ideologías económicas, los conflictos sociales y hasta las posiciones frente al endeudamiento y nuestra relación con el mundo.

Esta vez le tocó el regreso a la discusión a la doble indemnización. Un poco por presión sindical y otro poco por iniciativa de la oposición, volvió a debatirse la posibilidad de implementar en lo inmediato una ley que intente evitar los despidos estableciendo una doble indemnización para aquellos casos de despidos sin causa. El proyecto ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y aún debe pasar por la Cámara baja, donde se entreteje la posibilidad de que se negocien cambios antes de su promulgación y se evite así un dolor de cabeza al Gobierno de Mauricio Macri.

El antecedente inmediato tuvo lugar allá por el año 2002, con la ley de emergencia económica 25.561 que estableció la doble indemnización por un plazo de 180 días a partir de los despidos ocurridos desde el 6 de enero de ese mismo año. Luego fue prorrogándose en reiteradas oportunidades, hasta que finalmente dejó de existir en el año 2007. Las condiciones fueron claramente diferentes: los niveles de desocupación del 2002 eran ostensiblemente mayores a los actuales, ya que el nivel por aquellos años promediaba el 21,5%; la profunda recesión económica que tenía ahogados a todos los agentes económicos y la desmejorada situación financiera que lucía mucho más crítica y delicada que la actual, simplemente con recordar que se iniciaba por aquellos tiempos el default de la deuda soberana, tema que se ha resuelto hace sólo algunas semanas, casi 15 años después.

Los países que han luchado (y lo siguen haciendo permanentemente) con los niveles de empleo y han tenido éxito (Estados Unidos, Alemania y Nueva Zelanda, sólo por nombrar algunos) han optado por medidas para fomentar la creación de empleo y nunca para la prohibición de despidos. Incluso muchos de ellos no disponen de ningún sistema de indemnizaciones por despidos, simplemente cuentan con un sistema de seguridad social y de seguro de desempleo que contrarresta los efectos de la movilidad laboral. Y es razonable que los países busquen la creación de empleo y no el castigo a los despidos en un mundo donde, gracias a la tecnología, los trabajos son cada vez más productivos y, por ende, las necesidades de mano de obra para un mismo nivel de producción son cada vez menores.

Ninguna prohibición ha dado resultados a lo largo de la historia en materia económica. La última gran prohibición (o limitación a gran escala) fue el cepo cambiario, que no generó otra cosa que la profundización de la salida de divisas, un mercado marginal para la compra y la venta y una degradación de la economía argentina en casi todos los aspectos.

El proyecto de ley antidespidos, tal cual se aprobó en la Cámara alta, no genera mejoras para incrementar el nivel de empleo, solamente prohíbe despidos (o los condiciona a que sólo pueda efectivizarlos quien tenga la capacidad económica para hacerlo). Esto tiene algunas aristas negativas, que para un país que busca la normalización de su economía luego de muchos años es un paso hacia atrás. Y las razones son muchas.

Uno de los inconvenientes es el cambio en las reglas del juego. Las empresas (sea cual sea su envergadura) han incorporado a través de los años empleados bajo ciertos costos estimados, entre ellos el cálculo indemnizatorio. Duplicar la indemnización es modificar el costo laboral previsto.

Por otro lado, las grandes empresas seguramente puedan solventar (independientemente del análisis de equidad y justicia) despidos con doble indemnización o hasta incluso retener al empleado por cierto tiempo especulando con que se derogue la doble indemnización, por lo que en situaciones similares a estas no se resolvería de fondo el problema de los despidos, sino que sólo se dilatarían las desvinculaciones en el tiempo y se generaría simplemente una distorsión en los indicadores de los niveles de empleo. El verdadero problema se daría en el caso de las pequeñas y medianas empresas.

Las empresas de los pequeños empleadores muchas veces penden de la línea entre ser rentables o no serlo y la decisión de tener o no un empleado de más puede marcar la diferencia. Y tal vez, si no se las encuadra dentro de las excepciones de la ley (que al menos hasta aquí no han sido tratadas diferentemente dentro del proyecto, cuestión que va en contra de toda lógica de crecimiento), muchas no serán viables, lo que generará inconvenientes algo más graves y profundos que la desvinculación de un único empleado, porque se pondrá en riesgo la fuente de trabajo de muchas más personas.

Fuente: ellitoral.com.ar

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