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Tras ocho días, levantaron el paro de transporte en Córdoba

13 de junio de 2017 04:03
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El gobierno provincial aceptó renegociar la paritaria con la seccional de UTA, que había rechazado el 21% de suba; la Nación envió a Gendarmería para garantizar el servicio

CÓRDOBA.- Después de ocho días de paro, anoche después de una sorpresiva reunión convocada en el Ministerio de Trabajo provincial, los choferes del transporte urbano anunciaron que levantan la medida de fuerza. Según el delegado de la UTA Marcelo Marín se llegó a un acuerdo para renegociar los puntos en conflicto que paralizó la capital provincial durante más de una semana.

Para contrarrestar el paro, el gobierno local tenía previsto repetir hoy el operativo de emergencia que incluía la custodia de unidades de parte de 1200 efectivos de la policía provincial y de 500 gendarmes.

Tanto el intendente Ramón Mestre como el gobernador Juan Schiaretti hablaron telefónicamente con el presidente Mauricio Macri, quien avaló lo que se hizo para atemperar un paro que duró ocho días consecutivos. El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, afirmó que los cordobeses "están siendo extorsionados por mafiosos que toman a la gente como rehén".

En forma paralela al proyecto que tratará hoy la Cámara de Diputados de la Nación para declarar el transporte como servicio esencial, Schiaretti enviará una iniciativa similar a la Unicameral local. El anuncio lo hizo ayer junto con Mestre, representantes de todos los bloques legislativos, cámaras empresarias y movimientos religiosos.

En los últimos días los diferentes sectores se pronunciaron a favor del diálogo. El obispo Carlos Ñáñez, en su homilía del domingo, criticó las "imprudencias verbales de algunos dirigentes que no miden suficientemente las consecuencias imprevisibles que sus dichos pueden desencadenar".

En medio de un clima de tensión anoche a última hora los gremialistas fueron convocados al Ministerio de Trabajo provincial. "Ya excede a los colectivos. Es un enfrentamiento entre la legalidad y la ilegalidad; no hay nada más para negociar", había dicho poco antes a LA NACION Gustavo Mira, vicepresidente de Fetap. Con el objetivo de que más conductores regresen a sus puestos no hubo más despidos; después de que la medida fue declarada ilegal, se enviaron unos 90 telegramas. Finalmente, se abrió una nueva negociación, pero con el servicio en funciones.

Las dos vertientes de la CGT que hay en Córdoba marcharon en apoyo de los choferes. Sin embargo, se bajaron de la marcha los líderes de otros gremios clave como Luz y Fuerza y el de los municipales. José Pihén, titular del Sindicato de Empleados Públicos, convocó a la manifestación que hizo la CGT Regional Córdoba, pero él viajó a Buenos Aires.

Todo el protagonismo fue para el kirchnerista Mauricio Saillén, secretario general del gremio de los recolectores de residuos y de la CGT Nacional y Popular (kirchnerista), quien insistió en un paro provincial. Sus columnas, algunas de partidos de izquierda y una de La Cámpora, fueron las más destacadas. Los militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas denunciaron una "maniobra" de la Nación "para derrotar la huelga".

Las pérdidas netas de las empresas por no cortar boletos, hasta ahora, suman unos 47,5 millones de pesos. El costo de movilizar -sin cobrar- los colectivos en el operativo de emergencia corre por cuenta de las compañías, aunque pasada la crisis empezará la negociación para compartirlo con la Municipalidad de Córdoba y con Transporte de la Nación.

"Necesitamos recuperar el Estado de Derecho", dijo Mestre, y ratificó la convocatoria a una consulta popular no vinculante para que los vecinos se expresen sobre el transporte público.

El jefe de la UTA nacional, Roberto Fernández, llamó a levantar el paro. "De persistir los trabajadores en el incumplimiento del acatamiento de las directivas de nuestra entidad, quedarán fuera de la cobertura gremial", dijo en un comunicado. La seccional cordobesa de la UTA está intervenida y los huelguistas desconocen el mandato del actual interventor.

Hasta ayer, los descuentos por días no trabajados implicaban una media de $ 15.000 por trabajador; el mayor impacto es la pérdida del presentismo. El sábado rechazaron un acuerdo que incluía analizar la reincorporación de los despedidos, no descontar las horas de paro y adelantar el pago del bono extra de $ 5800 (más otros $ 350). Insistieron en la postura de que se les deben garantizar la reapertura de la paritaria y el fin de la intervención.

Los jubilados que reclaman el pago de sus haberes de mayo irrumpieron ayer en la Casa de Gobierno de Santa Cruz y advirtieron que se quedarán allí hasta que consigan cobrar. Elsa Ilnao, vocera de Jubilados Unidos, recordó que llevan 75 días de acampe en la capital provincial sin obtener respuestas.

Fuente: lanacion.com.ar

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