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Se agrava el acuartelamiento policial en Salta

11 de diciembre de 2013 16:10
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Se agrava el acuartelamiento policial en Salta

SALTA.- Lo que comenzó como un acuartelamiento de cuatro comisarías se extendió a buena parte de la policía provincial. La efectivos de la fuerza provincial se sumaron a la protesta; varias comisarias cerraron sus puertas.

Cuatro comisarías de la ciudad de Salta comenzaron hoy con la protesta, al dejar de cumplir funciones en reclamo de aumento salarial, mientras los familiares y retirados que se encuentran concentrados desde hace tres días frente a la mutual de la fuerza se aprestaban a marchar rumbo al centro de la ciudad.

El comisario general Marcelo Lami dijo que la policía está trabajando y que de los 9.000 efectivos solo 300 habrían adherido, y hay retirados y cesanteados que están pretendiendo afectar la institución. Ante el cierre de algunas comisarías dijo que fue decisión de sus jefes al quedar tres o cuatro agentes en el lugar.

Si bien la policía de Salta había expresado su reclamo al gobierno, hasta hoy no había efectivos en huelga. Pero esta mañana los uniformados de cuatro de las comisarías capitalinas dejaron de realizar tareas. Después se sumaron más efectivo a la protesta en demanda de aumento salarial y mejoras laborales.

Lami personalmente dirigía este mediodía el dispositivo para prevenir desmanes en las peatonales y en el microcentro. La mayor parte de los comercios y las galerías cerraron sus puertas y bajaron sus persianas; el Alto NOA Shopping tenía un vallado con el ingreso era controlado.

No hay gendarmes custodiando la ciudad, ya que son policías provinciales los que están a cargo de la vigilancia. Varias comisarías cerraron sus puertas. Desde el Centro Policial Sargento Suarez partió una movilización que llegó hasta la Jefatura con algunos uniformados y personal en actividad que se sumaron a los familiares y retirados.

El Ministerio de Seguridad informó que de los 120 detenidos por los delitos contra comercios del lunes pasado, cuando hubo 15 saqueos y 12 intentos controlados por la policía, 75 menores fueron liberados y de los 45 mayores, quedan 37 varones en la Alcaidía y dos mujeres en el penal número 4. Todos están a disposición del juez de Garantías de Cuarta Nominación, Diego Rodríguez Pipino y del Fiscal Penal 3, Facundo Ruiz de los Llanos.

Prensa del Poder Judicial, por su parte, consignó que el magistrado señaló que los detenidos podrían ser imputados por los delitos de hurto calamitoso en grado de tentativa, figura que para el hecho consumado prevé una pena de uno a seis años de prisión, y según el caso podría sumárseles el robo en banda y en poblado, con lo que la pena llegaría hasta 10 años de prisión.

Varios fueron apresados cuando rompían las vidrieras por el rápido accionar policial y como los desmanes se perpetraron en zonas con cámaras de seguridad las imágenes de éstas permitirán determinar la responsabilidad de cada uno.

Hasta ayer persistió la inquietud y muchos comercios abrieron parcialmente sus puertas por temor a nuevos desbordes pero la policía mantuvo la custodia. Continúa la concentración de familiares de policías, retirados y efectivos de civil en el Centro Policial Sargento Suarez que esperan reunirse con autoridades para plantear reclamos salariales y mejoras laborales para policías y agentes penitenciarios.

Si bien el nuevo ministro de Seguridad, Alejandro Cornejo, consideró innecesario concurrir a conversar con ellos, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, en la sesión de anoche en la que se dio media sanción al presupuesto 2014, señaló la necesidad de abrir una instancia de diálogo.

La mayoría de los bloques políticos por los 30 años de democracia en un documento destacaron "la firme actitud del gobierno provincial y de la Policía de la Provincia en respuesta al orden constitucional, el orden público y a la paz social: Estado de seguridad que todos los salteños reclaman" y repudiaron "los hechos producidos por delincuentes comunes que organizados han pretendido sembrar el caos en el país" al tiempo que apoyaron "la conducta de los Gobiernos Nacional y Provinciales para garantizar la paz social en la Argentina".

Remarcaron que "más allá de la razonabilidad por los reclamos salariales que pueden hacer las diferentes fuerzas de trabajo, la Policía, por la Constitución y por Leyes, debe asumir una conducta especial, garantizando la seguridad y la libertad de las personas como ha ocurrido en esta Provincia"..

Fuente: lanacion.com.ar

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